El certificado energético cuesta hoy un 35% menos que hace un año

Elena Sanz
24/05/2014 (05:00)

El próximo 1 de junio se cumple un año desde la entrada en vigor de la normativa que obliga a que todos los inmuebles anunciados en venta o alquiler dispongan de su certificado energético. El precio de este trámite, obligatorio para todos los propietarios que quierean vender o alquilar su vivienda, ha sufrido una intensa bajada durante su primer año de vida.

La caída ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas excepto en La Rioja, donde el precio se ha incrementado. En ocho comunidades, el coste de un certificado energético es, hoy en día, un 40% más barato que hace un año. La bajada media de precios se sitúa en el 34%, habiéndose registrado un recorte del precio del 50% en Valencia y del 48% en el País Vascos, y apenas un 11% en Castilla y León o un 13,5% en Murcia.

La normativa que regula la certificación energética no establece tarifas para el servicio del certificado, de tal manera que cuando entró en vigor los técnicos tomaron como referencia el precio del certificado en otros países europeos que, en junio del año pasado se movía alrededor de los 120 euros. Hay que recordar que el coste de la certificación incluye dos gastos: la tarifa del profesional que lo emite y la tasa por su registro en la comunidad autónoma correspondiente. En muchas comunidades el registro es gratuito, mientras que otras cobran por ello, pero ni las tasas ni las tarifas de los profesionales están reguladas por ley.

En Madrid, Andalucía, Aragón y Navarra el precio ha bajado en torno a un 40% y en todas estas comunidades el registro del certificado es gratuito. Precisamente la ausencia de precios regulados, unido al aluvión de profesionales que se lanzaron a ofrecer sus servicios ante la falta de ingresos por culpa de la crisis, y la falta de información por parte de los propietarios desencadenó una auténtica guerra de precios a la baja entre los profesionales habilitados para certificar los inmuebles. Una guerra que se ha traducido en una fuerte corrección a la baja de los precios.

En el caso de la Comunidad Valenciana, para una vivienda de 75 metros cuadrados (la más habitual), se ofertan precios de 60 euros frente a los 120 euros de hace un año. La caída del precio se sitúa, por tanto, en el 50%, a pesar de que hace un año el registro del certificado era gratuito y ahora cuesta 10 euros. En el País Vasco, donde certificar ahora una vivienda es también casi un 50% más barato que hace un año -de 125,10 euros a 65 euros-, por el contrario, el registro del certificado sigue siendo gratuito.

Del registro gratuito al ‘tasazo’ de 40 euros de La Rioja

En las comunidades de Madrid, Andalucía, Aragón y Navarra también se han registrado importantes bajadas de precios, en torno al 40% y en todas estas regiones, el registro del certificado sigue siendo gratuito.

En otras como en Castilla y León, por el contrario, el registro ha pasado de ser gratuito a costar 29,10 euros, la segunda tasa más cara de España sólo por detrás de La Rioja. Este incremento ha amortiguado el descenso de precios del certificado, que hace un año costaba en torno a 110 euros y ahora, poco más de 98. Algo parecido ha sucedido en Murcia. Conseguir el certificado cuesta ahora unos 93 euros frente a los 107 de hace un año. Sin embargo, en junio del año pasado registrarlo costaba 7,5 euros y ahora, casi cuatro veces más: 23 euros, de los precios más elevados de toda España.

Sin embargo, es La Rioja donde resulta mucho más caro registrar el certificado, casi 40 euros. Esto ha provocado que si hace un año el coste total de certificar una vivienda fuera de 120 euros, en la actualidad sea 128 euros, un 6,6% más caro. La única comunidad donde ha subido el precio en doce meses.

La mayor diferencia de precio por certificado energético se da, precisamente, entre Madrid, 50 euros con registro gratuito, y La Rioja, 128 euros, de los que casi 40 corresponden al registro riojanoEn el comparador de Certicalia.com también se pueden observar las diferencias de precio entre certificadores en las distintas comunidades autónomas. Vemos cómo en Madrid, para una vivienda de 75 metros cuadrados se ofertan precios de 50 euros. Mucho más baratos que la misma búsqueda en Cantabria, donde los técnicos cobran 85 euros por gestionar el mismo servicio o los 89 euros de las Islas Canarias.

La mayor diferencia de precio por certificado energético se da, precisamente, entre Madrid, 50 euros con registro gratuito, y la Rioja, 128 euros de los que casi 40 euros corresponden al registro.

Los peligros de tirar los precios

Son muchos los profesionales del sector los que llevan un año advirtiendo de los peligros de tirar los precios de la certificación energética. Critican, por ejemplo, que desde algunas plataformas y empresas se estén ofertando precios a derribo. “Absolutamente ridículos, denunciaba el arquitecto Jordi Torrijos en su blog. “Trabajar en estas condiciones es la definición más clara, en nuestra opinión, del trabajo basura”, opinaba hace casi un año. “Trabajar a estos precios raya la explotación, y con ello también la calidad del servicio. El trabajo mal pagado lleva ineludiblemente a su mala calidad: toma incorrecta de datos, abuso de los valores de cálculo por defecto y peores etiquetas de las que el inmueble obtendría con un trabajo más cuidadoso”, denunciaba este arquitecto valenciano.

Tirar los precios puede tener efectos muy perniciosos tanto para el propio profesional que emite el certificado como para el consumidor. El Real Decreto 235/2013 contempla sanciones para el profesional. “Si se emite una nota igual a C o superior, entra en juego la entidad de control de cada comunidad autónoma, que deberá cotejar datos y comprobar que la etiqueta de ese inmueble es la adecuada. Existen sanciones y responsabilidad civil y ambas siempre recaerán sobre el que emite el certificado, que es quien ha hecho mal su trabajo. El cliente sólo se limita a registrar el certificado y, salvo que se hubiera producido un soborno por parte del cliente para obtener un calificación alta, éste no resultaría sancionado”, explicaba Torrijos.

Según informaba El Mundo a finales de 2013, siete meses después de la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013, la Comunidad de Madrid impuso la primera sanción, de 4.000 euros, a un técnico por falseamiento de datos en la emisión del informe.

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